Sunday, May 30, 2010

Control obrero ¿discurso seductor o pasmo ideológico?

El control obrero que vende Hugo Chávez no quiere parecerse al pasado, así confiesa. Quienes lo promueven escurren la historia con la misma lógica del socialismo del siglo XXI: “inventando”, y mientras tanto la palabra sindicato desaparece del diccionario gubernamental


Los presidentes “transitorios” de las empresas básicas deberán instrumentar la gestión de los trabajadores para la conformación de nueva estructura, que parte del Plan Guayana Socialista 2009-2019 y se consolida con la legislación de los consejos de fábrica.

La comisión presidencial, las mesas de trabajo y los equipos de coordinación en la industria del hierro, acero y aluminio dibujan el esqueleto de lo que, según el documento de debate “consejos de fábrica y control obrero de la producción”, son los órganos de gestión interna de este modelo que será obligatorio tanto para empresas públicas y privadas, confirmó recientemente el diputado oficialista Oswaldo Vera a El Universal.

El presidente Hugo Chávez ha dicho que los consejos de fábrica no son una copia al carbón de la experiencia rusa, “estamos inventando, esto es un invento”, dijo en cadena el 15 de mayo desde Ciudad Guayana.

“No estamos hablando de copiar otras experiencias, uno de los errores de la Unión Soviética fue la estatización porque se burocratizó, se convirtieron en un capitalismo de Estado. Luego vinieron las divisiones”, agregó el primer mandatario.

Pero ha sido el propio “líder de la revolución” quien manifestó severas críticas a la autonomía sindical y quien insiste en la conformación de un solo brazo: partido-trabajadores-Gobierno, alineación que también se criticó en la llamada “cuarta república”.

“Los sindicatos no quieren tener nada que ver con el partido, ni con el gobierno, quieren ser autónomos; es una especie de chantaje” dijo el 24 de marzo de 2007, en el 1er Encuentro hacia la Plataforma Unitaria de la Mujer Venezolana.

Estas consideraciones contradicen una condición “imprescindible” para la realización socialista, como lo es que el movimiento obrero “adquiera autonomía para realizar su propia bitácora y tomar sus decisiones tácticas y estratégicas sin interferencia del partido o del gobierno”, señala Carlos Domínguez en el documento del Colectivo de Trabajadores Antonio José de Sucre, titulado “Jornadas sobre control obrero”.

El mismo planteamiento conserva el documento “Consejos de fábrica y control obrero de la producción”, en el que participó Jorge Giordani. “El consejo de fábrica no es, ni debe ser por ningún respecto, un apéndice del Estado ni del Partido Revolucionario, sino la genuina representación de los trabajadores en la lucha por el poder político, para a partir de allí edificar un Estado obrero”.

De allí que se señala que la decisión o no de asumir el reto del control obrero “no corresponde a grupo o individualidad, por más importante que pueda ser, sino a los propios trabajadores afianzados en su conciencia”.

El escrito explica que la subordinación de los consejos al “binomio partido-Estado” debe evitarse para no recaer en el “socialismo real”, pero invita a no perder de vista una adecuada relación entre el consejo, el partido y el estado revolucionario “en el caso de que actúen en la práctica realmente como tales”.

Este espacio de transición -que algunos dirigentes han calificado como una “oportunidad”- podría encontrar serias desviaciones si el modelo de alineación política con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), avanza más de lo que hasta ahora.

Brazos inseparables

La condición “imprescindible” se contradice con el propio dogma que intenta implantar el presidente Chávez, quien ha dictado línea al movimiento sindical y a los trabajadores, considerando que estos últimos no han adquirido la “conciencia socialista”.

Hasta el control obrero ha sido una orden del Jefe de Estado. “Control obrero, así yo lo quiero y así tiene que ser”, recetó en la antesala a su discurso del 1 de mayo de 2010.

Este espacio para lo que -teóricamente- sería la superación histórica del capital tendría como principal detractor la propia política de Estado. En el caso de Guayana las empresas han sido subordinadas a políticas económicas que no han sido discutidas ni públicamente divulgadas.

Casos como el de la industria del aluminio en donde se “hipotecó” la producción suscribiendo contratos con empresas transnacionales, y recientes acuerdos con el Fondo Chino Venezolano, del cual los trabajadores participaron para su administración, pero no para la discusión de las condiciones de pago.

El Gobierno -haciendo uso del Estado- ha privilegiado las importaciones antes que al desarrollo de la cadena “aguas abajo”, evadiendo a las pequeñas empresas productoras de refractarios, vagones, de los casos más denunciados.

Cuando en cadena nacional del 15 de mayo, desde CVG Alcasa, los trabajadores gritaron “fuera Glencore”, el tema también fue evadido por el primer mandatario.

Diseño de la transición

Quienes están detrás del diseño de la estructura socialista están organizados en una comisión presidencial, conformada por aspirantes a dirigentes o ex sindicalistas que actualmente forman parte del buró pesado del PSUV.

Estos representantes han sido convocados para darle forma y sembrar en los trabajadores el Plan Guayana Socialista y con ello la conformación de los consejos de trabajadores, con la concepción de que en su conjunto los trabajadores no tienen la esperada “conciencia de clase”.

Siendo esta estructura -teóricamente- la “expresión organizada más representativa del poder autónomo de los trabajadores en su lucha por las reivindicaciones socio-económicas inmediatas, por alcanzar el control obrero de la producción y en última instancia, por la revolución socialista”, es de esperar que en algún momento estas decisiones sean sometidas a la democracia de los trabajadores.

Sobre todo considerando que las funciones esbozadas en el papel de trabajo de la LOT, publicado por El Universal, los consejos de trabajadores “estarán llamados a evitar cualquier interrupción parcial o total de la producción o distribución por parte de aquellos centros de trabajo considerados estratégicos para la economía nacional”, lo que podría devenir en una mayor confrontación entre representantes considerados ilegítimos por los trabajadores.

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