La huelga de los ferromineros en Ciudad Piar pudo pasar desapercibida. Aquellos 16 días de agosto de 2009 no llamaron la atención de los medios nacionales siquiera un poco; para la mayoría de los trabajadores de las empresas básicas de Guayana, lo que ocurría en el municipio Angostura, sonaba lejano.
La noticia tomó cuerpo varios días después, cuando el Ministerio Público decidió actuar alentado por la directiva de Ferrominera Orinoco (FMO) contra el secretario general del Sindicato de Trabajadores de FMO, Rubén González, por los delitos de agavillamiento, instigación a delinquir, violación de la zona de seguridad y restricción a la libertad al trabajo.
Premeditado o no, la medida se produjo en el momento de mayor debilidad del movimiento sindical en Guayana. La propaganda oficialista a favor de un nuevo modelo de gestión y un supuesto novedoso esquema de relaciones laborales estaba calando en un grueso sector de los trabajadores, justo en el 2009.
De hecho, desde el propio brazo laboral del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se auspiciaba un desprestigio de las luchas reivindicativas bajo la premisa del nacimiento de un Estado socialista que garantizaría igualdad y eliminaría la división en el trabajo.
La ofensiva oficialista más la dispersión sindical hicieron que el caso de Rubén González se mantuviera en casa.
Para la dirigencia sindical identificada con la causa de González era difícil, de hecho, no estaba preparada para enfrentar su detención con la fuerza necesaria. En gran parte, porque el descontento de los trabajadores en Ciudad Piar, a cientos de kilómetros de Ciudad Guayana, no logró despertar a sus pares de la zona industrial.
Por la libertad
Al movimiento sindical le costó convertir al líder ferrominero en un símbolo. En 17 meses su causa tuvo numerosos traspiés que superar: demasiados flancos que atender y el de la libertad sindical era y es, apenas uno de ellos.
La diligencia de Sunep-CVG -a través de su asesor Eleuterio “Tello” Benítez- traspasó las fronteras del país y se detuvo en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra. El organismo tripartito pidió al Gobierno la liberación del secretario general y su indemnización por los daños causados; la noticia la publicó Correo del Caroní en la edición del 20 de noviembre de 2010.
El pronunciamiento le dio relevancia a la causa. Pero la consigna de la criminalización de la protesta, específicamente con el rostro de González, tomó fuerza en los últimos cuatro meses, cuando organizaciones de derechos humanos lograron colocar el tema en la agenda mediática internacional.
Y el trabajo de meses rindió frutos el 5 de febrero de 2010 en el marco de la movilización convocada por el recién creado Frente Autónomo Nacional por la Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess). Por primera vez el nombre del dirigente retumbó por las calles de Caracas con una consigna clara: “¡Libertad para Rubén González!”.
Un nuevo escenario en la Asamblea Nacional y la huelga de hambre de los estudiantes expuso ante el país el caso del líder ferrominero. Eso ayudó. También influyó que la Unión Nacional de Trabajadores (Unete) lograra consensuar lo que desde hace meses venían trabajando: que el encarcelamiento de González era un golpe “inadmisible” para el movimiento sindical venezolano.
¿Conflicto casero?
En los meses precedentes, sindicatos, dirigentes y algunos líderes emprendían una lucha de manera aislada. El caso del secretario general comenzaba a ocupar el debate del propio Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) pero tímidamente; intentaban simplificar el caso a una simple rencilla dentro del partido que sólo sería resuelto por una mano mágica apiadada.
Con el incremento de las confrontaciones dentro del buró oficial las comparaciones surgieron y un sector de la militancia del PSUV en Guayana -distanciada del gobernador Francisco Rangel Gómez- asumió la denuncia por la “injusticia” cometida contra el compañero de partido Rubén González.
La guinda
Como se intentaba relegar el caso -exclusiva y únicamente- a los “trapos internos” del partido de Gobierno, muchos esperaban que su liberación se produjera cuando González dejara de incomodar al sector más acomodado dentro del buró.
La sentencia de siete años, seis meses y 22 días terminó de convulsionar a la dirigencia en su conjunto, sin miramientos. Nadie se lo esperaba así, excepto quienes -según Rubén González- lo mantenían preso con llamadas telefónicas.
Consenso general
Lo que sigue es la liberación a medias del secretario general de Sintraferrominera. La convergencia de sectores que jamás habían caminado juntos, el reencuentro de dirigentes alejados por la causa partidista y el repudio general de los sectores políticos de base, sin duda, obligaron al alto Gobierno a revertir la medida.
La amenaza era y -continúa siendo- descomunal. La concurrencia de la dirigencia sindical venezolana bajo consignas coincidentes puede destruir lo que al Ejecutivo le ha costado 10 años: dividir a la clase trabajadora.
El régimen de presentación impuesto no ha dejado satisfecho a nadie. La dirigencia exige y continuará vociferando libertad plena para González y los otros 150 dirigentes de todo el país.
El líder ferrominero no se quedará callado: la reconciliación nacional -ha dicho- comienza ahora.
