Thursday, April 15, 2010

Caso Transporte Camila


En 2006 una de las 300 contratistas que hacen vida en Sidor, Transporte Camila, presentó irregularidades en su funcionamiento según las denuncias de sus trabajadores. Juan Valor, quien para la época era secretario de prensa y propaganda de Sutiss, entró en el caso junto a Joel Hernández y Leonel Grisett, este último como delegado de prevención y miembro de la comisión paritaria de Sutiss.
De acuerdo al relato de Grisett en aquellos días de agosto efectuaron procedimientos considerados rutinarios: la inspección de los pailoders y las condiciones de trabajo, en vista de que los trabajadores de la empresa venían denunciando consecuentemente atropellos en sus condiciones de trabajo.
“Encontramos problemas socioeconómicos y de área. No contaban con técnicos de seguridad ni equipos de protección, el patrono pretendía que compraran sus equipos, nos encontramos con pailoder con problemas en el problema de freno, falla de iluminación, problemas hidráulicos, sin cabinas presurizadas tratándose de áreas con mucha polución y a razón de eso se hace una reunión”.
Grisett cuenta que los equipos fueron resguardados mientras el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel) procedía a hacer la inspección, lo que constituyó obligatoriamente cinco días de paralización.
De hecho, estas unidades fueron trasladadas desde planta de pellas hasta el área de transporte, en la espera de que Inpsasel iniciara el procedimiento.
Un día antes de que el instituto hiciera lo previsto, la noche de ese domingo el Tribunal Cuarto de Control con orden del juez privó de libertad a uno de los trabajadores de Transporte Camila y en las horas sucesivas capturaron a los tres dirigentes sindicales de Sutiss y a otros 11 trabajadores de la empresa contratista.
Al día siguiente los dirigentes sindicales estaban tras las rejas por orden del Ministerio Público con 12 cargos, los cuales fueron reducidos progresivamente a cuatro: violación a la zona de seguridad, apropiación indebida calificada, obstaculización al ejercicio del derecho laboral y hacerse justicia por sus propias manos.
Hasta la fecha se ha diferido el juicio en cuatro ocasiones, y durante estos cuatro años sometidos a régimen de presentación. Esta situación ha tenido consecuencias nefastas no sólo en la vida familiar de los imputados, sino secuelas evidentes en el mundo laboral.





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